¿Qué es una vivienda de protección oficial?
Tipología de vivienda promovida por la administración pública española, que se oferta, por lo menos normalmente, a un precio inferior a bienes equivalentes en el mercado.
Una, dos, tres, cuatro, cinco… ¡se nos han acabado los dedos de la mano y no hemos podido contar cuántas veces hemos escuchado hablar de una vivienda de protección oficial durante la última semana! Están en boca de todos y seguro que te suenan. Ya sea por las noticias, porque una persona cercana ha tenido derecho a acceder a una… pero la pregunta es: ¿qué implica que un hogar tenga esta consideración?
¿Qué es una vivienda de protección oficial?
Una vivienda de protección oficial (VPO) es una tipología de vivienda promovida por la administración pública española, que se oferta, por lo menos normalmente, a un precio inferior a bienes equivalentes en el mercado.
Vamos, que son viviendas de orden público que se ponen en manos de aquellos que no tienen la capacidad de acceder a una vivienda privada y cuyo objetivo es solventar el problema de los altos precios que acostumbra a tener el mercado inmobiliario español.
¿Qué dice la ley sobre vivienda de protección oficial?
La norma que regula cómo funciona la vivienda de protección oficial es favorecer a los ciudadanos con rentas más bajas para que no se queden excluidos del mercado de la vivienda. Se trata de una norma que quiere hacer cumplir este precepto (muchas veces olvidado) de la Constitución Española que afirma que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna… Sí, ese que cuando muchas veces avanzamos a través de las páginas de nuestra norma magna parece que esté escrito con tinta invisible… ¡porque nadie repara en él!
¿Existe una única regulación sobre la vivienda de protección oficial?
La respuesta es negativa. Se trata de una materia que pertenece a las Comunidades Autónomas. Por ende, aunque exista una legislación base y común para todas, será posteriormente cada organismo territorial el que se encargue de completar la regulación.
Por tanto, no, no existe una regulación única. En cada Comunidad Autónoma la norma puede ser distinta. Es verdad que acostumbran a tener un régimen parecido, pero sí que existen matizaciones por las propias circunstancias económicas y sociales de cada territorio.
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